Una práctica creciente y controvertida, conocida como \"icing\", ha captado la atención de las autoridades de tráfico, especialmente la Dirección General de Tráfico (DGT), debido a su impacto negativo en la infraestructura de vehículos sostenibles. Esta acción, que ha cobrado fuerza inicialmente en Estados Unidos y ahora se observa con mayor frecuencia en carreteras españolas, implica que conductores de vehículos de combustión interna estacionen sus automóviles en espacios designados exclusivamente para la recarga de coches eléctricos e híbridos. Aunque no todas estas acciones son intencionadas, existe una preocupante tendencia de uso deliberado de estas plazas, lo que no solo obstaculiza la carga necesaria para los vehículos eléctricos, sino que también se percibe como un acto de disconformidad hacia las políticas medioambientales que promueven la adopción de la movilidad eléctrica, en detrimento de los vehículos convencionales. La DGT ha manifestado su intención de intensificar las sanciones contra quienes incurran en esta conducta, considerando que tales infracciones son una obstrucción a la circulación y acarrean multas significativas.
La expansión del parque de vehículos eléctricos ha llevado a un incremento en el número de estaciones de carga y, por ende, en las plazas de estacionamiento dedicadas a ellos. Esta situación a menudo reduce el espacio disponible para los coches de combustión, especialmente en áreas urbanas con alta demanda de aparcamiento. La señalización vial, como la señal R-308, claramente prohíbe el estacionamiento de vehículos de combustibles fósiles en estas zonas específicas. Sin embargo, el aumento de quejas registradas por la DGT sugiere que esta transgresión no es meramente accidental. Las autoridades han comenzado a imponer multas de más de 200 euros a los infractores, especialmente cuando se detecta una clara intención maliciosa detrás de la ocupación de estas plazas. A pesar de que la imposición de estas multas recae principalmente en la Policía Local, dada la jurisdicción municipal de los puntos de recarga, la DGT se mantiene vigilante ante el problema.
Este comportamiento no solo conlleva sanciones económicas, sino que también puede generar conflictos innecesarios entre los usuarios de la vía. Además, la problemática se agudiza en las carreteras, donde la escasez de puntos de recarga hace que cada plaza ocupada de manera indebida suponga un retraso crítico para los vehículos eléctricos en trayectos largos. Aunque esta infracción no resulta en la pérdida de puntos del carné de conducir, las autoridades confían en la cooperación ciudadana para evitar estas situaciones que polarizan a los conductores. Incluso en entornos privados como los centros comerciales, donde la seguridad interna asume la responsabilidad de gestionar estos incidentes, se han reportado casos de vehículos de combustión que, con astucia, simulan estar conectados a puntos de recarga para beneficiarse de la cercanía a las entradas. Es fundamental que prevalezca el respeto y la comprensión entre todos los usuarios de la carretera, fomentando una coexistencia armónica en el camino hacia una movilidad más limpia y sostenible.